Escalofriante informe de Amnistía Internacional sobre la situación de la población civil en Colombia y sobre la utilización de la violencia sexual contra mujeres como arma de guerra. «Leer informe»:http://www.es.amnesty.org/nomasviolencia/docs/informes_ai/02regiones/02america/colombia/AMR230402004.pdf (PDF). Campaña: «[«No más violencia contra las mujeres»:http://www.es.amnesty.org/nomasviolencia/]».
Resumen:
«Durante los últimos 20 años el conflicto armado interno en Colombia se ha cobrado la vida de al menos 70.000 personas, la gran mayoría de ellas civiles muertos fuera de combate. Decenas de miles han sido secuestrados, “desaparecidos” y torturados, y más de tres millones se han visto obligados a abandonar sus hogares. En el curso de los 40 años del conflicto se han enfrentado las fuerzas de seguridad y los paramilitares, apoyados por el ejército, con los grupos guerrilleros en una lucha por el control del territorio y los recursos económicos. La población civil ha sido la más afectada por esta violencia. No sólo por haber quedado “atrapada entre dos fuegos”, sino porque a menudo se la ha colocado en el punto de mira de forma directa y deliberada, por ejemplo para eliminar a quienes se considera que apoyan al “enemigo” o para sembrar el terror con el fin de “limpiar” territorios de interés económico o estratégico para los grupos armados o para aquellos que los respaldan.
La violencia contra las mujeres, en particular la violencia y la explotación sexuales – llegando hasta la violación y la mutilación genital–, forma parte integral del conflicto armado y continúa siendo una práctica extendida que utilizan todos los bandos del conflicto. Las mujeres son objetivo de los grupos armados por diversas razones: por transgredir roles de género o desafiar prohibiciones impuestas por los grupos armados, o por ser consideradas un blanco útil a través del cual humillar al enemigo.
La violación y otros delitos sexuales, como la mutilación genital, son prácticas frecuentes de las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares como parte del repertorio de tácticas de terror que emplean contra las comunidades situadas en zonas de conflicto a las que acusan de colaborar con la guerrilla. Estas tácticas están concebidas para provocar desplazamientos en masa o romper los vínculos, presuntos o reales, entre dichas comunidades y las fuerzas guerrilleras. En este marco, la impunidad de que gozan los autores de estos delitos no es accidental, sino que forma parte de la estrategia de contrainsurgencia. Al sembrar el terror y explotar a las mujeres para conseguir objetivos militares, han convertido sus cuerpos en campos de batalla.»
La violación sistemática como arma de guerra está considerada como un “crimen contra la humanidad” y su intencionalidad planificada puede considerarse en una eventual acusación de genocidio. Según se explica en el libro «[«Crímenes de guerra»:http://www.junjan.org/weblog/archives/2004/07/02/crimenes_de_guerra.html]», en virtud del estatuto establecido en el Tribunal para la antigua Yugoslavia, un oficial puede ser procesado por las violaciones cometidas por sus subordinados si les ordenó o fue cómplice de ellos, o incluso “si sabía o tenía motivos para saber que un subordinado iba a cometer o había cometido tales actos y no tomó las medidas necesarias y razonables para prevenir tales actos o castigar a los autores”. Si leemos el informe de AI, en esta categoría se pueden encuadrar la gran mayoría de los responsables del ejército colombiano, las fuerzas paramilitares y la guerrilla de las FARC.
Otro dato que no hay que olvidar, es que Colombia es uno de los principales receptores de ayuda militar estadounidense y que gran parte de las actividades paramilitares se financian gracias a esta “ayuda”. La enquistación del conflicto en los último veinte años tiene en esa “ayuda” uno de sus principales factores. El actual gobierno colombiano está intentando «perpetuar» este modelo paramilitar, como dice Héctor Mondragón en su artículo «[«Los orcos en la batalla»:http://www.prensarural.org/mondragon20040509.htm]»:
El resultado más palpable del paramilitarismo en Colombia es el proceso de desarraigo de tres millones de campesinos desplazados por la violencia y la subordinación a los grandes propietarios de regiones. Pero también lo son el exterminio de la dirigencia sindical más luchadora, liquidada en cuotas anuales de decenas y el final escenario de desaparición de las conquistas laborales y las empresas y entidades del estado que los sindicatos defienden. Es un proceso exitoso desde el punto de vista del poder económico.
Ahora, los resultados de la violencia ilegal son institucionalizados mediante reformas constitucionales que eliminan derechos fundamentales o las vías para defenderlos. A la vez, el aparato paramilitar quiere ser legalizado mediante acuerdos con el gobierno, cuyo efecto más real será ocultar a los responsables intelectuales y a los beneficiarios económicos del paramilitarismo.
Si se consolidara el proyecto de acuerdo Uribe-paramilitares, un nuevo modelo resolvería los problemas generados por la impunidad en el Cono Sur y por las leyes de olvido para las dictaduras militares chilena y argentina y la dictadura civil uruguaya, impunidad en crisis y cuestionada internacionalmente. El modelo colombiano sí garantizaría, de ser apoyado internacionalmente, una impunidad de los crímenes contra los movimientos sociales, bajo el manto de un acuerdo con supuestos «rebeldes». La sola posibilidad de que este acuerdo se concrete ha desatado una ola de acciones paramilitares y sicariales en el continente.
Y mientras tanto nuestro gobierno sigue manteniendo acuerdos de ayuda «militar» en contra del «terrorismo y el narcotráfico», dinero que con toda probabilidad se sumará a las ayuda de muchos otros países para financiar la política de impunidad con las fuerzas paramilitares y de eliminación de los grupos sindicalistas y en defensa de los derechos humanos; aunque según nuestra «diplomacia», «Uribe es la persona adecuada para llevar adelante el objetivo de consolidar un Estado de Derecho con pleno respeto por los derechos humanos».
Lo que hay que oir…