La MPAA ha redactado la ley de propiedad intelectual española

Que la soberanía nacional es inexistente en muchas materias no debería ser una gran sorpresa. De los cables mandados por la embajada de Madrid y publicados por «Wikileaks», 124 contienen la palabra clave KIPR («intelectual property») y versan sobre los esfuerzos de la administración americana en influir a la española en el tema de la «piratería», esfuerzos que llevan directamente a la modificación de la ley de propiedad intelectual.
Podemos hacer una pequeña deducción, las empresas que forman a MPAA (Motion picture association of America) y otras asociaciones que promueven el blindaje perpetuo de los derechos de autor presionan al gobierno americano que a su vez presiona al gobierno español y entre todos acaban promoviendo/redactando la reforma de la ley de propiedad intelectual, ergo «La MPAA ha redactado la ley de propiedad intelectual española». Donde se demuestra una vez más que las empresas controlan los gobiernos y la opinión de los ciudadanos es algo accesorio.

La prioridad que los estadounidenses otorgan a la cuestión se manifiesta en el nivel de los interlocutores elegidos. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega es uno de los primeros objetivos. Un agregado de la embajada habla del tema con ella el 22 de febrero de 2005. El cable 27536, elaborado por el agregado al día siguiente de la conversación con De la Vega, se cierra así: «Dada la cantidad de estrellas de la industria del entretenimiento con una abierta preferencia por el Gobierno socialista (es significativo, por ejemplo, que Zapatero acudiera al equivalente español de los Oscar), es posible que este Gobierno sea especialmente sensible a hacer algo en este sector. Necesitaremos un año o así para ver si esta sensibilidad se traduce en resultados».
El 10 de noviembre de 2005, el embajador se entrevista con la ministra de Cultura, Carmen Calvo: en el cable 45583, el propio embajador concluye que en el Gobierno español hay buenas intenciones, pero no hay resultados.
La tónica se mantiene. La potente Motion Pictures Association, que agrupa a las majors de Hollywood, presiona desde EE UU. La industria local española también se queja de la permisividad con las descargas, sobre todo la musical. En 2007 se produce el punto de inflexión: el 28 de diciembre, la delegación estadounidense en Madrid emite un cable (135868) que contiene un minucioso plan. Asunto: estrategia para los derechos de propiedad intelectual en España. El despacho despliega un detallado plan a corto, medio y largo plazo plagado de citas con responsables políticos, con mandos intermedios de los ministerios de Cultura e Industria, encuentros con las operadoras de telecomunicaciones, visitas a España de expertos norteamericanos… y anticipa, ya, la medida que hay que tomar a medio plazo: colocar a España en la lista negra.
El plan es para el periodo 2007-2012 y culmina con la visita de un alto cargo del Comercio Exterior de EE UU a España. «Esta es la hoja de ruta de adónde queremos llegar y cómo», señala el cable. «Nuestra estrategia requiere una continua y constante atención de alto nivel de la embajada a esta cuestión así como la ayuda ocasional de organismos de Washington en los próximos tres o cuatro años».
«EE UU ejecutó un plan para conseguir una ley antidescargas» (El País)