Hace ya catorce días que comenzó el movimiento 15M y dada la no-violencia y civismo de los «indignados» existe muy poca argumentación legal para que los gobiernos locales o autonómicos se vean «obligados» a su desalojo. El único argumento que tienen es el de la insalubridad y el de las pérdidas económicas de los negocios que rodean las plazas donde se están produciendo las acampadas. El caso más comentado es el de la Puerta del Sol, pero otros, como el de Barcelona o Lérida también tienen mucho predicamento entre los reaccionarios de turno.
El argumento que utilizan es muy simple: Los acampados tiene las plazas hechas un asco, malos olores, basura, etc, y aunque no se diga, se sobreentiende además que los propios acampados son seres despreciables, llevando todo ello a que los negocios de las plazas (bares, restaurantes, hoteles…) reduzcan sus ingresos. Se puede demostrar rápidamente que el argumento es una falacia.
En el caso de la acampada en Sol, los servicios municipales de limpieza acreditaron que no existe problema alguno de salubridad en la plaza.
Además, no dudando que algunos negocios vean reducidas sus ventas, otros no, y los bares seguro que están encantados:
Molesta el agravio comparativo con otras manifestaciones ciudadanas que se toleran periódicamente. Por ejemplo las procesiones de la semana santa que colapsan ciudades durante días y paralizan la actividad de miles de negocios, pero como es una «tradición» nadie se queja.