España, ¿una dictadura constitucional?

Imaginemos que alguna de las nuevas medidas aprobadas en el Real Decreto-ley 20/2012, como por ejemplo la reducción del 7 % del sueldo de los funcionarios o la inhabilitación de facto del seguro de desempleo, fueran consideradas inadecuadas por un gran número de españoles con derecho a voto, digamos 15 millones. Si 15 millones de españoles manifestaran unánimemente su repulsa por cualquiera de esas medidas no pasaría absolutamente nada, no podrían hacer nada para cambiar ni una coma. Estos 15 millones de españoles no podrían conseguir que se convocaran nuevas elecciones para cambiar la ley o que se presentara un recurso de inconstitucionalidad para que no fuera válida.

Esos más de 15 de millones de españoles, formados por los votantes de partidos minoritarios, los votantes en blanco, los que protestan votando nulo o los que se abstienen, no podrían convencer al Gobierno, ni a ninguna Comunidad Autónoma, ni al decorativo Defensor del pueblo, ni mucho menos están representados por 50 Diputados o Senadores, por lo tanto no pueden hacer que nadie presente un recurso de inconstitucionalidad. Esos más de 15 millones no podrían disolver el Congreso y el Senado, ya que no cuentan con el apoyo del Rey y son despreciados por el presidente del Gobierno. Esos más de 15 millones de españoles somos parias del sistema, irrelevantes, un cero a la izquierda.

Por lo tanto, cuando es imposible cambiar las leyes y la justicia brilla por su ausencia, cuando los poderes del estado se mezclan y se ponen al servicio de determinados partidos políticos, cuando la corrupción inunda todas las instituciones del estado, cuando se eliminan y no se respetan (¡Qué se jodan!) los derechos de los ciudadanos, cuando se hacen normas que se aplican sólo a unos pocos privilegiados defraudadores, cuando todo esto se denuncia y no pasa nada, es que vivimos en una dictadura constitucional.

¿Qué se hace con las dictaduras?

Notas: