Si se penalizara una parte ínfima del fraude bancario, se recaudaría tanto (TANTO) que el estado tendría un holgado superávit. Ni siquiera nuestro amigo Arturito, el mago de la tijera en carnes ajenas (que no propias), tendría tentaciones. Una prueba. El Banco de Valencia, ese banco al que todos los españoles estamos dando 1.000 millones de euros, concedió créditos por 100 millones a las empresas de los miembros de su consejo de administración (sólo durante 2010), pagó al susodicho consejo y a sus directivos unos 5 millones de euros, y no parece descabellado suponer que dilapidó el dinero de la manera más delirante imaginable.
En este país nuestro, líder mundial en los derechos y libertades del banquero, como bien acaba de demostrar nuestro agonizante gobierno saliente, no se plantean demandas de cárcel permanente y embargo generalizado de los bienes de semejantes cabrones, no, les damos una palmadita en la espalda y acceso directo a nuestra cartera.