Impunidad del franquismo

El informe de Amnistía Internacional «[«España: poner fin al silencio y a la injusticia»:http://www.es.amnesty.org/esp/docs/victimas_franquismo.pdf]» (PDF) pone el dedo en la llaga.
Presentación del documento:

Durante la Guerra Civil española (1936-1939) y luego bajo el régimen franquista (1939-1975), fueron numerosas las víctimas de graves abusos que en el momento de ser perpetrados, el derecho internacional prohibía de modo absoluto. Así, estaban reconocidos como crímenes contra el derecho internacional: la tortura, las ejecuciones extrajudiciales; los ataques contra población civil y otros abusos considerados crímenes de guerra; la persecución política, religiosa o racial y otros actos definidos por su naturaleza y gravedad como crímenes contra la humanidad.
La única versión oficial sobre lo ocurrido fue la producida y trasmitida a la sociedad española por el régimen instaurado en 1939. Concluido el régimen franquista, tales crímenes no fueron objeto de esclarecimiento imparcial, ni fueron tomados en cuenta los derechos de las víctimas que habían sido privadas de reparación y recursos eficaces para que se respetaran sus derechos, determinar la verdad y obtener justicia. Durante los gobiernos de la transición y durante gobiernos posteriores, los derechos de numerosas víctimas y sus familias a la verdad y a la justicia permanecieron negados de forma absoluta, mientras que el derecho a la reparación quedó restringido a unas mínimas medidas compensatorias económicas no derivadas propiamente de la condición reconocida de víctima de abusos recogidos por el derecho internacional. Incluso las limitadas y tardías compensaciones dispuestas, acabaron resultando inaccesibles para diversas víctimas por los requisitos requeridos y las dificultades encontradas para acreditarlos.
Responder por actos u omisiones que contravienen normas reconocidas por el derecho internacional, es parte consustancial a un régimen de Derecho. En el momento en el que ocurrieron los hechos de los que se ocupa este informe, ya era reconocida la responsabilidad internacional de un Estado por contravenir su obligación de garantizar el derecho de las víctimas a reparación y a interponer recursos.
Cuando se niega de modo absoluto la verdad y la justicia como ha ocurrido en España con numerosas personas que sufrieron abusos durante la Guerra Civil y el régimen franquista, se afecta de modo sustancial su derecho a obtener reparación. Cuando se ofrecen compensaciones desvinculadas del hecho ilícito, sin que se haga reconocimiento público del carácter repudiable del acto que las victimizó y sin esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen ni la responsabilidad de sus autores; además de vulnerar por segunda vez los derechos de víctimas concretas, se pierde la función preventiva contenida en las garantías de no repetición, contemplada por el derecho internacional como forma de reparación.
Sin investigación judicial ni recursos disponibles para conocer la verdad de las circunstancias que rodearon los abusos cometidos, también se impide la reparación del estigma padecido por las víctimas y sus familias en el interior de la sociedad. En España han sido numerosas las víctimas de persecución política, religiosa, racial, de ejecución extrajudicial, desaparición, tortura, encarcelamiento arbitrario, de condena a penas crueles en procesos injustos. A todos ellos se les ha privado del derecho a la verdad, como forma de reparación moral y medio idóneo para recuperar su dignidad.
La naturaleza de ciertos crímenes exige medidas reparadoras especialmente valoradas por las víctimas. Así, en los casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, seguidas de enterramientos clandestinos u ocultamiento de los cadáveres, con la consiguiente imposibilidad de las familias de dar sepultura digna a los restos de las víctimas; el ofrecimiento de declaraciones simbólicas o compensaciones económicas, sin derecho a la verdad, incumple de modo manifiesto el deber de reparar. Para estas víctimas y sus familias es central el derecho a la restitución, componente del derecho a la reparación, lo que exige que se haga efectivo el derecho a saber.
Las políticas de olvido sobre crímenes del pasado, además de afectar los derechos de quienes padecieron tales abusos también tienen consecuencias sobre la sociedad en general. Con el objeto de prevenir futuras violaciones, un Estado tiene la obligación de demostrar su compromiso con los derechos humanos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. Las políticas de perdón y olvido de crímenes tan graves como la tortura, no son el camino para evitar que se cometan nuevos abusos, sino la vía más rápida de que éstos se repitan.
Aunque en España existen voces que reclaman pasar página respecto de los crímenes del pasado, Amnistía Internacional encuentra motivos actuales y vigentes para dirigirse al Estado y a la sociedad española, basados en los derechos de las víctimas. Para Amnistía Internacional, los derechos de las víctimas de graves abusos, entre ellos los crímenes más atroces que ofenden a la humanidad, constituyen un motivo principal de la acción de la organización. De modo consistente, Amnistía Internacional se ha pronunciado en las diversas regiones en el mundo para poner fin a la doble injusticia. España no es una excepción. Los derechos de las víctimas, sus necesidades y el respeto inherente a su dignidad deben contar para el Estado español y nada puede justificar que se les dé la espalda.
Al hacerlo, la organización toma en consideración que durante la guerra civil fueron cometidos abusos graves atribuidos a autores pertenecientes a ambos bandos, y reclama de todas las autoridades y de los diversos sectores de la sociedad, el máximo respeto por todas las víctimas que padecieron actos inhumanos en dicho período de la historia, independientemente de afinidades ideológicas, políticas, religiosas o de otra índole. Advertido ello, cualquier examen imparcial no puede ignorar el trato desigual e inequitativo que un Estado a través de su legislación, políticas y actuaciones puede haber establecido entre las víctimas, vulnerando el principio de igualdad en dignidad y derechos de todas las personas. En España, para aquellas víctimas y sus familias que fueron privadas de derechos, los años transcurridos no tienen otro significado que el de una prolongada injusticia.
El 20 de noviembre de 2002 fue aprobada una Proposición no de Ley que por primera vez abordó el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista en sede parlamentaria del Estado español. Desde entonces, Amnistía Internacional ha seguido con atención la respuesta por parte de las autoridades y poderes públicos al respecto, a la vez que ha estado en contacto con las asociaciones de familiares de víctimas de crímenes atroces como la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, así como con otras organizaciones que emprendieron iniciativas para la recuperación de la memoria histórica.
En los últimos tres años, la organización integró dentro de sus preocupaciones la deuda pendiente con las víctimas de la guerra civil española y del franquismo. En esta línea ha dirigido peticiones tanto al anterior gobierno como al actual. En las entrevistas sostenidas por Irene Khan, Secretaria General de Amnistía Internacional, con el Presidente de Gobierno en junio de 2004 y con la Vicepresidenta del Gobierno en marzo de 2005, la organización ha insistido en que se brinde una respuesta conforme a las normas internacionales en esta materia. En momentos en que la actual administración española prepara una respuesta con medidas hacia las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista, Amnistía Internacional ha considerado
relevante ofrecer este informe a través del cual nuestra organización aborda las obligaciones del Estado español respecto de aquellas víctimas cuyos derechos no han obtenido respuesta hasta hoy día, conforme al marco internacional aplicable.4 Un informe que incluye recomendaciones para avanzar. La distancia y brechas abiertas en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales sobre la materia, constituyen los puntos críticos tratados por este informe.
La relevancia de este informe queda subrayada con la reciente aprobación en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”. Dicho órgano, tras 15 años de trabajo y de un amplio proceso consultivo, ha reunido y aclarado las obligaciones ya existentes establecidas por el derecho internacional. España tiene la oportunidad de asumir tal instrumento como guía para dar una respuesta a las víctimas de la guerra civil y del régimen franquista a quienes el Estado español, a través de sus sucesivos gobiernos, privó del derecho a reparación y a interponer recursos. Es en torno a tales indicaciones sobre las que reposa el núcleo duro de esa deuda pendiente que no admite más postergaciones.
Nuestro agradecimiento a las asociaciones de familiares y organizaciones que nos hicieron un lugar como parte observadora en sus esfuerzos para la localización de fosas y exhumación de restos. Amnistía Internacional quiere expresar profunda gratitud a todas las personas, víctimas y testigos que nos abrieron sus testimonios sobre lo ocurrido. La organización también quiere dejar constancia de la disposición encontrada en la gente por elaborar, como duelo colectivo, los crímenes del pasado, y ha valorado como ejemplar el respeto mostrado a la hora de honrar a quienes sufrieron graves abusos.

Ver además:
– «España, un caso insólito de impunidad»:http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_4696000/4696473.stm (BBCMundo)
– «Amnesty in call for civil war justice»:http://www.guardian.co.uk/spain/article/0,2763,1531407,00.html (The Guardian)
– «AI pide que se salde ‘la deuda’ con las víctimas de la Guerra Civil»:http://www.elmundo.es/elmundo/2005/07/18/solidaridad/1121698864.html (El Mundo)